Colombia - 27 de agosto de 2024
Como ayer con Uribe, hoy bajo el gobierno de Petro se reprime y masacra al pueblo en lucha
Asesinato de indígenas en el Valle del Cauca
La situación actual de la lucha por el derecho a la tierra del campesino pobre contra el saqueo del imperialismo, las transnacionales y los paramilitares
¿Qué tipo de problemas deben enfrentar las comunidades indígenas en la actualidad?
Entre quienes comenzaron a afectar a los pueblos indígenas desde los siglos XVI y XVII, están los Jesuitas, quienes establecieron sus misiones para reducir y adoctrinar a los indígenas, pero estos pueblos mantuvieron una larga resistencia a la vida en esas reducciones misioneras, hoy en Colombia habitan cerca de 115 pueblos indígenas de diversos orígenes y tradiciones lingüísticas y culturales, los cuales, se distribuyen a lo largo y ancho del país en las costas del Caribe y el Pacífico, en las sabanas de la Orinoquia y la Amazonia en la frontera con Venezuela y Brasil y en las áreas andinas. Entre 1966 y 2006 se constituyeron y ampliaron 650 resguardos indígenas en todo el país, con un área aproximada de 31’207.978 has. El tema de demanda constante por parte de los pueblos originarios, es el reclamo por la inseparabilidad con sus tierras y territorios, que es un derecho preexistente a la norma constitucional, como parte esencial de lo que en su pensamiento ancestral se reconoce como el DERECHO MAYOR.
Entre las principales causas de desplazamiento de estas comunidades se encuentran las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas contra la vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados por cultivos legales e ilegales, y el uso de sus territorios para la explotación de minerales ilícitamente. Esto permanentemente genera conflictos violentos y la militarización en las tierras y territorios indígenas afectando esencialmente las vidas de las familias indígenas, de sus mujeres y niños y de sus comunidades, causando violaciones de sus derechos humanos y el desalojo de sus tierras ancestrales. A menudo se les priva de recursos y tradiciones que son fundamentales para su identidad, bienestar y supervivencia y este tipo de situaciones los obliga a huir de sus hogares y trasladarse a pueblos y ciudades, o a sufrir más marginación, pobreza, enfermedades, violencia e incluso a extinguirse como pueblo. Los territorios indígenas en Colombia y sus comunidades se enfrentan al riesgo inminente de exterminio físico y cultural, por la crisis humanitaria que viven en la actualidad. La violencia no cesa y las enfermedades arrasan con sus poblaciones.
Las comunidades indígenas del departamento del Cauca y del Valle principalmente, han ejercido durante décadas la exigibilidad de la reforma agraria, quedando por momentos, en cuanto a lucha directa, solitarias en el país. Por ello no es gratuito, que cercano a la aprobación en el Congreso, del proyecto de ley de desarrollo rural, el Gobierno Nacional desde gobiernos anteriores al de Petro, ha atacado militarmente, como si se tratara de insurgencia, la movilización denominada “Por la Liberación de la Madre Tierra” o “MINGA INDIGENA”, ya que éste es el único movimiento social, con capacidad para denunciar, reclamar solidaridad, e impedir que dicha aprobación se dé. El ataque contra las comunidades indígenas, también se ha dado en el campo ideológico y de la opinión pública. Para ello, se han venido haciendo señalamientos que pretenden restar legitimidad a las luchas indígenas, como en el caso concreto de la lucha por la tierra, se la pretende deslegitimar desde paradigmas modernizantes, referentes al progreso, la productividad y a la igualdad.
Desde hace algunos años los terratenientes en el Cauca vienen planteando que la producción en el Cauca se cayó por las recuperaciones de tierra que han hecho las comunidades indígenas. Según este imaginario que se ha hecho circular, los terratenientes perdieron sus mejores tierras y ahora los indígenas las tienen. Otra historia es la actual propaganda Petrista, en la que se dice que el gobierno se compadeció de los indígenas, o se dejó amedrentar, o lo que sea, pero en todo caso les entregó tierras, mientras tanto se olvidó de campesinos y afrocolombianos.
La verdad es que el mapa de distribución de tierra en el Cauca (tampoco del resto de Colombia) no ha cambiado estructuralmente desde que se inició el Sistema Nacional de Reforma Agraria, el cual ha sido una deuda que tenía el Estado con el campesinado desde hace 29 años, cuando se expidió la Ley 160 de 1994 que ordenaba crearlo, no se había reglamentado y nunca se puso en marcha. El 3 de agosto del 2023, cuando se cumplieron 29 años de la promulgación de la citada Ley, Petro lo pone en funcionamiento pretendiendo saldar esa deuda con el campo colombiano, tarea más que utópica e ineficaz, porque, continúa presentándose una distribución inequitativa, con alto grado de concentración, con cifras que no resuelven las necesidades ni de los campesinos, ni de los indígenas al respecto.
Lo que han logrado las comunidades indígenas con sus fuertes luchas, solamente ha sido qué el proceso de despojo que se venía haciendo de sus tierras, se detenga momentáneamente. El término despojo agrupa las prácticas de apropiación ilegal de tierras arrebatadas a sus dueños u ocupantes legítimos. La violencia física, institucional y ambiental -presente en la transformación radical del paisaje y su composición botánica- forman el entramado que lo produce.
¿Cuál es la lucha de los indígenas del Cauca, que hoy bloquean las vías de sus resguardos y llegan a Bogotá a exigirle a Petro?
Ya desde hace años, el incumplimiento gubernamental con los acuerdos había hecho que las comunidades indígenas organizadas en el CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC-, perdieran la confianza en las instituciones. Fue una política de Estado, el no considerara los antecedentes para no avanzar en la pactado con otros acuerdos anteriores, pero gracias a la dignidad como pueblos, al dialogo y movilización social, pero, sobre todo, al reconocimiento que se ha conquistado, es lo que le ha dado importancia a la lucha histórica de los pueblos originarios. Diferentes organizaciones han registrado hechos criminales en contra de los indígenas y pobladores en el departamento del Cauca, a lo largo de este año, y junto con el CRIC se recuerda que, después de noviembre de 2017 cuando, presionado por la lucha de los pueblos indígenas, el gobierno de Juan Manuel Santos, adquiere compromisos con esta organización y sus comunidades, pero su manejo final ha sido el desconocimiento de lo acordado, esto hace que se ratifique y radicalice el sentimiento de lucha y resistencia y la necesidad de movilizarse para exigir el cumplimiento de estos derechos.
Tanto así, que, desde septiembre de 2021, miembros de las comunidades Dobia y Katio de los Emberra, ubicadas en el centro del país (departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío) y cerca al Océano Pacífico, en el Chocó. (hoy son aproximadamente 800 personas), llegaron al Parque Nacional de Bogotá para reclamar al gobierno del entonces presidente Iván Duque la atención por los desplazamientos causados por el conflicto armado, viviendo desde entonces en casuchas y tiendas, alimentándose de la caridad ciudadana. La mayoría de las víctimas de las batallas recientes siguen siendo indígenas, en medio de este nuevo conflicto armado, entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, y los paramilitares. Estas comunidades están organizadas en la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA -ONIC- (la otra organización indígena con presencia nacional) y como en el Cauca, han tenido que sufrir los enfrentamientos armados irregulares, y son ellos las víctimas directas. Hoy día, también hay otras comunidades que están siendo violentadas, como los pueblos indígenas Guahíbo, Sikuani, Arawak, Achagua, Piapoco, Curripaco, Sáliba, Piaroa, Chibcha y Tunebo,nómadas, cazadores, pescadores y recolectores de la Amazonia,tribus arauquinoides, procedentes del Orinoco medio venezolano y que se establecieron hace siglos en las llanuras inundables de Casanare y Arauca, así como también, en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, en el Centro Oriente de Colombia (Orinoquia y Amazonía), en las fronteras con Venezuela y Brasil, quienes llevan años luchando por recuperar su territorio ancestral, sobre todo en el departamento del Meta, que hace años viene siendo ocupado por empresas petroleras, ganaderas, agroindustriales de cultivos de palma africana y colonias de la Comunidad religiosa MENONITA, venida EEUU y México, quienes han adquirido más de 38 mil hectáreas para expandir su proyecto agroindustrial, todas estas comunidades indígenas denuncian desplazamiento, y ocupación de su territorio, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, riesgo a la integridad e inseguridad alimentaria. En esta amplia región del país, llamado LA MEDIA COLOMBIA, algunos predios eran baldíos del estado en plena selva y en toda ella, proliferan los cultivos ilícitos y los laboratorios que son sostenidos y usados por narcotraficantes.
El ELN, es la guerrilla activa después de que se produjo el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, con la mediación del castro-estalinismo, son ahora el partido político Frente Alternativo Revolucionario del Común-COMUNES- con 5 puestos en el Congreso Burgués colombiano, hasta el 2026, como premio a la firma de la PAZ DE LOS SEPULCROS. Este ELN, de inspiración guevarista, entabló negociaciones de paz con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, los diálogos se rompieron por decisión del presidente Iván Duque después de un atentado con carro bomba en Bogotá en el 2018. Otro grupo armado, que tiene presencia hoy en el campo, es el Clan del Golfo, con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, una banda criminal que se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico que tuvo origen en el auge del paramilitarismo, en la última década del siglo pasado.
Este 1° de enero de 2024, la violencia reaparece en el municipio de Sucre con el asesinato de Giovanny Chávez Vega, un excombatiente firmante del Acuerdo de Paz, que estaba en la Nueva Área de Reincorporación Mari Álvarez, ubicada en El Bordo, y continúa hasta los violentos ataques armados que sacudieron a Cauca el 20 de mayo de 2024, perpetrados por las disidencias de las FARC conocidas como el Estado Mayor Central (EMC), se enmarcan en un panorama de violencia creciente en ese departamento golpeado históricamente por el conflicto armado que, incluso, cuando hubo un reciente cese al fuego bilateral, que se había pactado en octubre de 2023 entre el gobierno nacional y las disidencias, como parte de negociaciones en marco de la política gubernamental de la Paz Total, se suspende desde el 18 de marzo de 2024, tras el asesinato de Carmelina Yule Paví, una mayora del pueblo Nasa, lideresa indígena, que defendía los derechos de la mujer y hacía parte de la Guardia Indígena, fue asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del EMC en el municipio de Toribío. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la columna armada atacó al pueblo indígena cuando este estaba exigiendo la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado en la zona por el grupo armado. Al día siguiente, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció otro ataque del mismo frente cuando transportaban el cuerpo de la mayora en una caravana fúnebre.
Mientras tanto, no se ha restablecido totalmente la confianza de los indígenas con el gobierno de Petro, a pesar de reiniciar un diálogo directo de “GOBIERNO A GOBIERNO” con las autoridades indígenas, sin intermediarios, el cual define darles desarrollo a los derechos constitucionales y emite decretos presidenciales que buscan darle operatividad a las iniciativas de las comunidades indígenas en términos de salud, educación, económico, ambiental, entre otras disposiciones.
Las comunidades indígenas saben que sus derechos individuales, colectivos, culturales, espirituales y territoriales como pueblos no serán regalados ni mucho menos otorgados por la buena voluntad de nadie, sino que deben obtenerlos en la lucha, la resistencia y la movilización.
El Bloque Suroccidental del EMC, que, además del Dagoberto Ramos, cuenta con otros tres frentes, Carlos Patiño, Jaime Martínez y Frente 30–Rafael Aguilera, hizo constantes violaciones al cese al fuego, que fueron denunciadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN-. “¿Para qué firman un cese al fuego, si van a seguir haciendo lo mismo?”, le preguntaron las autoridades indígenas al EMC en una carta pública al grupo armado. En el documento no sólo expresaron su preocupación por la violencia de la que han sido víctimas los pobladores del departamento, incluso durante el cese al fuego, sino que también cuestionaron las razones por las que el grupo armado ilegal ‘hace la guerra’. Según la ACIN, en el norte de Cauca, sólo en el periodo del último cese al fuego, el EMC reclutó a 18 menores de edad indígenas, perpetró la masacre de cinco personas de la familia Ramos Menza en un resguardo, cometió otros 5 homicidios e hizo dos amenazas colectivas y ocho individuales.
Petro ha estado comprando tierras a los antiguos usurpadores y la ha ido entregando a comunidades campesinas, en un proceso que quiere marcar como de “REFORMA AGRARIA”, pero no ha logrado alcanzar las metas propuestas a nivel nacional. Llama la atención que este proceso no se ha involucrado las zonas de resguardos indígenas. La REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA, continúa siendo una utopía, los campesinos pobres a medias han comenzado a recibir tierras que el gobierno petrista ha ido comprando a antiguos usurpadores, pero ha sido mínimo, el resultado frente a sus propios planes. El PLAN desde el gobierno de Santos, y el que Duque, no hizo nada en este sentido y es el pretende completar Petro en su gobierno y consiste en entregar 3 millones de hectáreas, hoy, sólo ha alcanzado a entregar 160.000 hectáreas de tierra y beneficiado solo a unas 25.700 personas, de los millones de campesinos que esperan tierra para trabajar. ¡Son cientos de miles de familias campesinas, en su mayoría desplazados de sus propias tierras, las que se han ilusionado con el régimen de frente popular de Petro!
En lo que va del 2024, en ese departamento 13 asesinatos de líderes sociales, tres asesinatos de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, cinco asesinatos de agentes de la Fuerza Pública, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas. Los hechos violentos han aumentado desde la suspensión del cese al fuego entre el Ejército Nacional y el EMC, pero el conflicto estaba encarnizado desde antes. En Morales, el grupo atacó durante dos horas la estación de policía del municipio con explosivos y ráfagas de fusil, matando a dos policías y dos civiles e hiriendo a otros tres. Durante el asalto, el EMC robó cerca de $50 millones en efectivo del Banco Agrario. Al mismo tiempo, en el municipio de Suárez, hubo hostigamientos contra un puesto militar por parte de este grupo. Mientras tanto, en Jamundí, en el vecino departamento de Valle del Cauca, se detonó una moto cargada de explosivos al lado de un hotel donde se alojaban miembros de la Fuerza Pública, dejando un saldo de 12 heridos, incluyendo dos policías y tres menores de edad. Un día antes, el EMC había realizado otro atentado: un niño de 12 años murió y tres personas quedaron heridas por la detonación de un artefacto explosivo en el sector que comunica los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca. El día 25 de junio de 2024 en la vereda de Moras, resguardo de Mosoco, municipio de Páez, Cauca, es asesinato del sabedor ancestral Indígena, mayor Luis Eduardo Vivas.
La Minga Indígena, que se encuentra en Bogotá desde la semana pasada, espera ser atendida por el presidente Petro, sino, se verán en la necesidad de traer otra, para con su presencia, reforzar la exigencia en las calles de la capital. Mientras tanto, las vías en el Cauca se encuentran bloqueadas por la actividad de protesta de la Minga indígena. Petro, guarda silencio, y no ha atendido su llamado, así como lo ha hecho al permitir la presencia aún de la Chiquita Brands y la presencia de los militares yankys en las 9 bases militares, aéreas y navales. La muerte en el Cauca, de indígenas, jóvenes, niños, consejeros y líderes de la comunidad, son una masacre que Petro pretende ocultar al mundo, tal como sucedió en tiempos del criminal Alvaro Uribe Vélez. ¡Las comunidades indígenas aún están aún a la espera de que se les cumpla lo prometido!
La alternativa revolucionaria al problema de la tierra
La “Ley del desarrollo desigual y combinado”, formulada por Trotsky, expresa que, en la época imperialista, “…en los países atrasados, la cuestión agraria y el problema de la independencia nacional, constituyen los dos grandes problemas democráticos no resueltos por la burguesía nacional de los países atrasados, dada su extrema debilidad y dependencia de la burguesía imperialista mundial, debido a que la burguesía de los países atrasados en la época imperialista, no es una clase independiente, y por lo tanto es incapaz, de tomar en sus manos la reforma agraria y la cuestión de la liberación nacional”. La estrecha relación entre las distintas burguesías nacionales, con los terratenientes, el capital financiero internacional, las grandes corporaciones monopólicas, hacen inviable la expropiación de los grandes latifundios en los marcos del estado burgués, y de dominio por parte del imperialismo de todos los mecanismos de crédito, distribución y comercialización.
Por esto como dicen las Tesis de la III internacional: "Las clases dominantes tratan de ahogar el carácter revolucionario del movimiento de los campesinos mediante reformas agrarias burguesas, de repartición de tierras entre los elementos dirigentes de la clase campesina. Han conseguido provocar un debilitamiento temporario del movimiento revolucionario en el campo. Pero toda reforma agraria burguesa choca con los límites del capitalismo. La tierra se da sólo a cambio de indemnización” ... “Una reforma agraria burguesa no tiene nada que ofrecer a los elementos proletarios o semiproletarios. Las condiciones extremadamente severas que se imponen a los campesinos que reciben la tierra en el momento de una reforma agraria burguesa, condiciones que por otro lado no tienen como resultado la mejora real de su situación, sino que por el contrario los sumergen en la esclavitud del endeudamiento y llevan inevitablemente a un recrudecimiento del movimiento revolucionario"
¡El problema de la tierra nunca será solucionado por la burguesía, ni los gobiernos de explotadores capitalistas! Tales reformas agrarias, llevadas adelante en los años ‘50-’60 en América Latina, por los nacionalismos burgueses chocaron violentamente con los límites que les imponía el carácter semicolonial del estado. Como dice Trotsky, "… mientras el campesino siga siendo un pequeño productor "independiente", necesitara crédito barato, maquinaria agrícola, y fertilizantes a precios que puedan pagar, condiciones de transporte favorable, y una organización honesta del mercado de producto agrícolas. Pero los bancos, los trusts, y los traficantes, roban al campesino por todos lados". Para poder salir adelante a estas necesidades, como plantea Trotsky “…es preciso establecer "... “el control del transporte, el crédito, y las operaciones mercantiles, relativas a la agricultura". Todo lo cual es impensable sin destruir la intromisión y penetración del capital financiero y monopolista, en el estado semicolonial, estableciendo medidas tales como la nacionalización de la banca, el monopolio del comercio exterior, etc. Las características particulares de la burguesía nacional en los países semicoloniales, es decir, su debilidad intrínseca por los estrechos lazos con el capital imperialista, impiden que estas elementales medidas de carácter democrático radical puedan ser llevadas a cabo.
Por el contrario, es el proletariado la única clase que puede llevar adelante estas tareas a través de su movilización revolucionaria, que en su dinámica no puede sino cuestionar hasta las raíces el carácter de la propiedad privada de los medios de producción y por tanto el carácter burgués del estado. De este modo "... el control obrero de los bancos y los trust, con mayor razón, la nacionalización de esas empresas, puede crear condiciones de crédito, compra y venta incomparablemente más favorables, para la pequeña burguesía urbana, a las que son posibles, bajo el dominio incontrolable de los monopolios. La dependencia respecto al capital privado será sustituida por la dependencia respecto al estado, que atenderá tanto más a las necesidades de sus pequeños colaboradores y agentes cuantos más firmemente los propios trabajadores tengan el estado en sus manos".
Bajo estas condiciones, los revolucionarios tenemos para proponer a los campesinos es la nacionalización de la tierra y la colectivización de la agricultura, medidas estas que permitirían subordinar la producción agrícola a un plan científicamente elaborado en función de las necesidades del movimiento de masas. Sin embargo, las profundas aspiraciones de los campesinos pobres por la tenencia de la tierra, le plantea a la clase obrera y su partido, con el objetivo de desarrollar y profundizar la alianza obrera y campesina, la necesidad de que sean los mismos campesinos explotados los que resuelvan el momento de la transformación de la pequeña producción parcelaria a la producción colectiva socialista, a partir de su propia experiencia. Al decir de Trotsky: "La participación practica de los campesinos explotados en el control de los distintos campos económicos, les permitirá decidir por sí mismo si les resulta o no provechoso pasarse al trabajo colectivo de la tierra, a qué plazos y en qué grado. Los obreros industriales deben considerarse sujetos al deber de manifestar toda su colaboración a los campesinos para recorrer este camino, a través de los sindicatos, los comités de fábrica, y, sobre todo, a través del gobierno obrero y campesino. La alianza que el proletariado propone, no a las " clases medias" en general, sino a las capas explotadas de la pequeña burguesía urbana y rural, contra todos los explotadores, ... no puede basarse en la coacción, sino en el libre consentimiento, que debe consolidarse en un "pacto" especial. Este "pacto" es el programa de reivindicaciones transitorias aceptadas voluntariamente por ambas partes".
Es así, que demandas tales como la tenencia de tierras por parte del movimiento campesino o la reivindicación del derecho de autodeterminación nacional, tareas de carácter democrático revolucionario, de los pueblos indígenas adquieren un carácter transitorio y actúa como un engranaje más de la revolución proletaria, y es por eso, que los marxistas revolucionarios, siempre hemos sostenido, la importancia y la inmensa potencialidad revolucionaria del campesinado pobre, incluyendo dentro de este grupo social a los indígenas y sus comunidades y es por eso y en este sentido, que estas cuestiones, la campesina y la indígena, deben mirarse como una parte de la cuestión general de la dictadura del proletariado y de las cuestiones más importantes para su avance revolucionario. Sin embargo, distintas corrientes populistas, estalinistas y ahora seudotrotskistas, de la Nueva Internacional Progresista, se empeñan en levantar tibios programas de neto corte burgués o pequeño-burgués, que han encajonado y lo siguen haciendo, las luchas campesinas y sostenemos que no existe solución alguna al problema agrario y nacional sino es producto de la ruptura con el imperialismo, y de una radical expropiación del latifundio, mediante una revolución proletaria que acaudillando al movimiento campesino tome el poder del estado e instaure su dictadura para resolver los grandes problemas democrático-estructurales que la impotente burguesía latinoamericana de los Petro, Lula, Boric, el Chavismo del Socialismo del Siglo XXI y demás, por su estrecha relación con el capital financiero y con los grandes terratenientes ha sido y serán incapaces de solucionar. ¡Solo el proletariado, triunfante, aliado con los campesinos pobres dará solución al problema de la tierra, por lo tanto, el propósito revolucionario del partido de vanguardia revolucionaria es establecer la dictadura del proletariado con el apoyo de la clase trabajadora, el campesinado pobre en el campo!
CHEO Navarro, Núcleo Socialista Revolucionario - FLTI / Colombia
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