¡Basta de impunidad!
El Estado es responsable de la desaparición
y muerte de Santiago Maldonado
El 1 de agosto de 2017, durante la represión de una protesta que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia argentina de Chubut, desapareció Santiago Maldonado. La represión incluyó disparos de balas y fue llevada a cabo dentro de la comunidad indígena por la Gendarmería Nacional.
El 17 de octubre de 2017 fue hallado su cadáver en el río Chubut en una zona donde ya se había realizado previamente otro rastrillaje, cerca del punto en el que se denunció su desaparición, a escasos 130 metros de donde está asentada la comunidad mapuche.
Y como muestra de que el estado no dejará de perseguir a los luchadores, mientras su familia y amigos sepultaban sus restos, lejos de detener su ataque, el Estado y su justicia envió al grupo Albatros de Prefectura a Villa Mascardi, fusilando por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, e hiriendo a más de 9 compañeros. Bajo las órdenes de las transnacionales, el Estado argentino extraditó a Facundo Jones Huala a Chile para que la justicia pinochetista lo condene en un juicio infame a 9 años de prisión.
El Estado fue el responsable de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, las petroleras, los terratenientes como Benetton, la Sociedad Rural, Macri, Bullrich y la justicia dieron la orden. Sin embargo el 29 de noviembre de 2018 el juez Lleral, cerró la causa y sobreseyó al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú.
La familia de Santiago Maldonado continúa denunciando a la propia justicia por la enorme persecución que sufren desde que desapareció Santiago, amenazas constantes, intervención de teléfonos y difamaciones que buscan hacer pasar a las víctimas como victimarios. Por lo que el día martes 29 de enero en el Juzgado Federal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Sergio Maldonado acompañado de abogados querellantes y referentes de organismos de Derechos Humanos como Nora Cortiñas, presentaron una apelación al fallo del juez Gustavo Lleral.
Pero no nos olvidemos de la represión que hemos sufrido los que salimos a luchar contra el asesinato de Santi y Rafa. Así actúa la justicia de los poderosos, atacando como “terroristas” y “violentos” a los trabajadores que nos levantamos por lo que nos corresponde. ¡Esta es la justicia de las petroleras, las mineras, la Sociedad Rural y los grandes terratenientes! La misma justicia que condenó a cadena perpetua y cárcel a los trabajadores petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto al salario y la precariedad laboral. Esa justicia que encarceló a los responsables materiales del asesinato de Darío y Maxi y dejó libre a todos los responsables políticos como Duhalde y Felipe Solá.
No hay nada que investigar, fue el Estado y sus fuerzas represivas al servicio de las transnacionales y los terratenientes. No habrá justicia para los trabajadores y el pueblo pobre con esta casta de jueces videlista-peronista-radical. ¡Disolución de la casta de jueces y de las fuerzas represivas del Estado!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los genocidas y a los asesinos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y todos los mártires de la clase obrera!
¡Basta de pelear divididos! ¡Una sola clase, una misma lucha!
¡Libertad incondicional a Facundo Jones Huala!
¡Basta de perseguir a Alejandro Villarruel y los trabajadores del Astillero Río Santiago!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras y desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores procesados!
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia! |
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